Hace ya tres años, las evasiones masivas organizadas por secundaries en la capital prendieron la llama de la Revuelta a lo largo del territorio dominado por el Estado de Chile. La noche del 18 de octubre del 2019 se dio al calor de las barricadas, luego de que el cierre del Metro de Santiago dejara al pueblo trabajador sin forma de llegar a casa. Al día siguiente esas mismas barricadas ardían de Arica a Punta Arenas, ya no sólo por un alza de 30 pesos a la tarifa del metro, sino que cargando con una batería de reivindicaciones populares que pesaban, por lo menos, desde los 30 años de transición democrática pactada que conservó y conserva las políticas capitalistas neoliberales impuestas a sangre y fuego.
En el período de revuelta florece la organización de clase, en los barrios y poblaciones a través de asambleas territoriales, en la calle mediante brigadas de combate espontáneas -la llamada primera línea-, como también en una diversidad importante de colectividades autónomas. Tanto tiembla el poder burgués, que se ve obligado a institucionalizar y cooptar el movimiento a través de un “Acuerdo por la Paz”, que fue cocinado por los fieles representantes de los intereses del capital, prometiendo una nueva Constitución a cambio de darle un mayor piso al gobierno y un chipe libre para la represión que azotaba ya al pueblo, arrebatando ojos y vidas, asimismo ejerciendo violencia político-sexual, particularmente hacia mujeres y disidencias.
Tres años después, vemos los resultados de la estrategia del poder burgués. El movimiento popular, incipiente en el 2019, se encuentra hoy fragmentado, atravesando un momento de reflujo profundo. La organización territorial, a medida que fue cooptada por el proceso electoral constituyente, se fue debilitando y deteriorando. En la misma línea, la movilización fue bajando su intensidad a modo general, y el uso de la violencia política cuya legitimidad en el sentido común conquistamos en las calles, se ha ido perdiendo y el Estado retomando el monopolio de la violencia nuevamente. Sin embargo, se mantienen núcleos de resistencia.
No podemos dejar de mencionar que la única y notable excepción al reflujo, es el Movimiento Mapuche Autónomo. Éste, si bien no fue del todo ajeno a la debacle constituyente, se mantuvo firme a su principio de autonomía y como consecuencia han florecido más y más expresiones de lucha autonomista en el Wallmapu, llegando al punto de que representantes formales del Estado no han podido ingresar a zonas con control autónomo sin un previo proceso de negociación, propio de un territorio soberano en relación al dominio de Chile; intensificando el estado de “frontera interna” de los anteriores para la perspectiva del Estado y constituyendo la cualidad de espacio vital para quienes habitan y se organizan en dicho territorio: agudizando el conflicto por la reapropiación del espacio y su producción, en desprecio del Estado chileno y las prácticas ecocidas, devastadores del paisaje y extractivistas que representa.
Por otra parte, no hay respuesta a las demandas centrales de la Revuelta Popular -la Constitución que fue rechazada por el pueblo tampoco habría dado respuesta a ellas en caso de aprobarse-. En educación, salud, pensiones, trabajo, vivienda, extractivismo, zonas de sacrificio, demandas del feminismo como de las disidencias sexogenéricas: sin embargo, objetivamente no ha habido ningún avance sustancial en tres años, más allá de lo simbólico y subjetivo, estando inclusive peor en algunas áreas.
La pandemia puso sobre la mesa la precariedad del sistema de salud, alargando las listas de espera de operaciones y tratamientos pospuestos, porque todos los recursos existentes se debieron movilizar para enfrentar el Covid. También permitió el deterioro aún mayor de la infraestructura de los colegios y liceos, y miles de estudiantes pasaron dos años con clases online en las cuales no aprendieron realmente, para volver a la presencialidad en condiciones inadmisibles. A lo largo de la pandemia, aumentaron los casos de VIF y disminuyó el acceso a la anticoncepción y al aborto. En el último año, hemos visto además un marcado aumento en los crímenes de odio hacia la población LGBTQIA+, mientras que el acceso a tratamientos hormonales y de transición disminuyó por la pandemia. La ley anti-tomas que castiga con cárcel efectiva las tomas de terreno está a punto de ser aprobada por el parlamento. Recientemente, se aprobó el TPP11, con la venia y respaldo del gobierno de Boric, que profundiza y cristaliza aún más el modelo de producción basado en el extractivismo y el devastamiento ecológico de nuestras comunidades. La represión al movimiento secundario a través del lumaso, la violencia político-sexual e incluso con cárcel, ha sido la tónica durante el este periodo. El gobierno ha modernizado la represión en Wallmapu, se han aprobado 9 prórrogas del Estado de Excepción e impulsado en el congreso un nuevo Estado de excepción en un periodo de 60 días. Las AFP siguen lucrando a costa de los ahorros de la clase trabajadora, cuya pensión no alcanza ni para los remedios que necesitan muches adultes mayores luego de una vida de explotación. Y el trabajo ni hablar, está más precario y escaso que nunca, con todos los precios en aumento.
Es importante mencionar que, este gobierno ha avanzado desde dar continuidad a profundizar las tareas pendientes del gobierno anterior. Esta agudización es posible debido a que cuenta con un respaldo político que el gobierno de Piñera no tenía por parte de los partidos políticos unidos para apoyar dicha agudización, generando mejores condiciones para tomar las medidas necesarias para mantener el orden de los poderosos.
Ante este escenario, hemos de señalar que nos encontramos en el inicio de un nuevo ciclo histórico que comenzó hace tres años, trayendo consigo una mayor, más profundo y más violento enfrentamiento de clases, donde los sectores populares demandan mejoras reales y concretas en sus condiciones materiales de vida. Es esperable que, debido al fracaso rotundo de la estrategia constituyente como medio de resolución de estos conflictos sociales y políticos, se re-activen procesos de lucha y movilización con un carácter directo, violento y contra los representantes del sistema de dominación capitalista en la cotidianidad, como las AFP, las farmacias, los supermercados.
Como sectores revolucionarios, nuestro camino en este escenario es de dinamizar las luchas y fortalecer la organización popular autónoma, impulsando su desarrollo y aportando en su conformación, para que proliferen y se legitimen las tendencias favorables a la autonomía de clase y la acción directa en el seno del movimiento popular, a través de la resolución concreta de las condiciones materiales de vida de los pueblos, con medios comunistas y comunizadores, para así crear relaciones sociales superadoras del capitalismo y patriarcado.
¡A fortalecer la organización territorial y la acción directa!
¡A multiplicar el Movimiento Popular Autónomo!
Liberación, Octubre de 2022
