Plebiscito de salida y coyuntura política nacional

Nuestra mirada y toma de posición política en torno de la coyuntura nacional guarda relación con el conjunto del proceso constitucional, la estrategia constituyente frente al hecho de la Revuelta Popular por parte del poder burgués, el período histórico de luchas de clases abierto por la Revuelta y su transcurso así como las perspectivas y proyecciones políticas a partir del escenario actual, y no tan solo respecto del evento electoral del 4 de septiembre y las opciones institucionales ofrecidas en la papeleta.

La estrategia constituyente en su conjunto fue la única y última alternativa disponible por parte de las clases dominantes para salvar el gobierno, el régimen político democrático-burgués y la República chilena propiamente tal, frente a la realidad de la Revuelta Popular que, momentáneamente, a través del desate generalizado territorial y nacionalmente de la movilización radical de todos los sectores de los pueblos trabajadores y de procesos incipientes de autoorganización de clase, había dejado a las clases dominantes locales en situación de total desconcierto, impotencia para reimponer el orden social-político y pérdida de la iniciativa política estratégica, a finales de octubre e inicios de noviembre de 2019. Hoy en día, a casi tres años de entonces, vemos corroborado lo sustancial de esta visión, donde los sectores políticos del Estado se debaten acerca de las reformas políticas imprescindibles para reparar y restablecer el averiado, deslegitimado y obsoleto aparataje político, ahora con el gobierno socio-liberal y republicano de Gabriel Boric a la cabeza.

Hacia la actualidad queda más que claro que, en realidad, lo que está comprendido en este proceso constituyente son leves ajustes constitucionales, concretamente en relación a ciertos aspectos caducos del viejo sistema político (que incluso partidarios de la derecha y el Rechazo dan ya por fenecido), por ejemplo en relación a los roles de las cámaras parlamentarias y el Tribunal Constitucional, el excesivo e ineficiente centralismo del Estado, la total ausencia de instituciones integradoras de sectores conciliadores del Pueblo Mapuche (si no fuera por la lucha autonomista y radical de sectores mapuche, no se estaría hablando de Pueblos Originarios), entre otros con ese carácter, de tipo ajustes políticos institucionales. 

Nótese que algunos elementos de esta propuesta de nuevo texto constitucional, tan bullados por los apruebismos como son los “derechos de la naturaleza”, la cláusula de un Estado “Social y Democrático de Derecho” o el “reconocimiento constitucional” de sectores sociales históricamente marginalizados como mujeres y disidencias sexuales, infancias y Pueblos Originarios, no provocan una mayor alarma al menos para los sectores más sobrios y menos fanatizados de la derecha y el Rechazo. Con más y con menos, los retoques políticos en los sentidos indicados van a efectuarse necesariamente porque es un imperativo de y para los procesos de recuperación de la estabilidad político-institucional burguesa, sin que esto afecte o altere, en absoluto, el patrón de acumulación capitalista o siquiera el modelo económico social “neoliberal”. Importa subrayar de lo anterior que las disputas entre Apruebo y Rechazo, a nivel de las direcciones políticas al interior del Estado, no radican tanto en explicitar en el texto constitucional los “derechos” de las mujeres y de las aguas, sino, ante todo, en las formas como el Estado va adquiriendo unos nuevos ropajes y desprendiéndose de otros en lo relativo a las maneras y los ordenamientos del sistema político democrático-burgués, de si se sigue denominando o no Senado o si sigue presentándose o no como Poder Judicial. Las diferencias entre unos y otros tienen más que ver con las formas de cómo implementar los ajustes político-institucionales y las repercusiones que eso pueda tener en el sistema de dominación, que con los contenidos del texto constitucional en las cuestiones más de fondo, como que la naturaleza goce de “derechos”, dado que (ellos lo saben) esa es una cláusula abstracta, vacía de materialidad, que no informa, ni obliga ni prohíbe nada respecto de las implementaciones concretas, que como tal no va a afectar la acumulación capitalista ni el régimen político democrático-burgués que defienden.

Evidentemente que la clase trabajadora y los sectores populares no han sido ni son meros monigotes espectadores en medio del referido proceso constitucional. Por cierto que si el mecanismo constitucional fue capaz de imponerse como salida institucional a la crisis social y política, concretarse como Convención Constitucional con convencionales electos y electas, redactar una propuesta de texto constitucional en los plazos previstos y plebiscitarse en la fecha agendada, es porque sectores sociales y populares relativamente abundantes participaron electoralmente aprobando en 2020, eligiendo mayoritariamente convencionales que provenían desde afuera de los partidos políticos del sistema o que no eran vinculados con ellos en 2021, etc., en búsqueda de ciertas transformaciones políticas y sociales deseadas en relación a un mejoramiento de las condiciones concretas de vida, contenciones de los “abusos” de las elites y aperturas participativas al interior de la democracia representativa. De aquello no cabe la menor duda. Lo que queremos resaltar son dos aspectos sustantivos: a) Que la estrategia constituyente ha tenido un gigantesco impacto en contra de la movilización popular y las organizaciones populares de inclinación autónoma, surgidas al calor de la Revuelta Popular de 2019, generando las condiciones sociales propicias para los intentos de ajuste institucional sobre la base de un fenómeno contundente de desarme popular; b) Que la propia fuerza de la Convención y del proceso constituyente, a un año de su conformación y puesta en funcionamiento, ha decaído estrepitosamente en tanto a la legitimidad social y las expectativas populares puestas en su potencial transformador, tanto así que, a pocos días del plebiscito de salida, el 80%-20% de 2020 y el resultado electoral favorable para convencionales “independientes” de 2021, se convirtió en un “empate técnico” y/o en la posibilidad cierta de que el Rechazo se quede con la mayoría simple.

De fondo, pensamos que estas coyunturas aportan unos contenidos y aprendizajes riquísimos para discutir acerca de problemas estratégicos de acuerdo a perspectivas anticapitalistas y revolucionarias. Uno de esos problemas dice relación con la apuesta por una Asamblea Constituyente, consigna que, si bien no estuvo en el centro de las luchas en los orígenes de la Revuelta Popular, sí se manifestó socialmente a finales de 2019 e inicios de 2020. Al respecto, afirmamos que la Convención Constitucional comprendida en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre 2019, la que luego fue plebiscitada en octubre 2020 y compuesta por convencionales electas y electos en mayo 2021, fue en estricto rigor una Asamblea Constituyente. Porque es un órgano diseñado específicamente con el fin de elaborar una propuesta de nueva Constitución, cosa que efectivamente hizo; con autoridades electas popularmente de forma exclusiva y excluyente para ese fin, al menos mientras dura el período de confección, lo cual también fue tal cual; y, por si alguien reclama que una “verdadera” Asamblea Constituyente en realidad debe ser más abierta y participativa, la Convención contó con un mecanismo “especial” para inscribir listas de candidaturas convencionales por fuera de los partidos políticos legalizados, un mecanismo de paridad de género y escaños reservados para Pueblos Originarios. La verdad es que esta fue una experiencia de Asamblea Constituyente en estricto rigor, lo cual nos parece relevante para disipar ilusiones, desmitificar la consigna en cuestión y revelar las limitaciones concretas de una institución producida por el Estado burgués, restringida por el mismo a los marcos que sus dirigentes consideran admisible y puesto a disposición, inconfundiblemente, de la dominación burguesa.

El anterior carácter se verifica fácilmente en el hecho de que, a lo largo del proceso constituyente, los partidos políticos del sistema pactaron las condiciones de un mecanismo estratégico para hacer frente a una situación de crisis de dominación, luego las circunstancias del contexto inmediato de post-Revuelta obligaron a estos partidos a abrir la Convención, permitiendo el ingreso de sectores ajenos a los partidos políticos legalmente constituidos, quienes se impusieron electoralmente, pero al final cuando la propuesta de texto contiene algunos elementos que para el sistema político resultan disruptivos o eventualmente inconvenientes, como por ejemplo la mención de un mecanismo de “Justicia Indígena”, lo que hacen los partidos del sistema de dominación es delimitar, podar literalmente el texto e imponer que “esto sí va, esto otro no”, por encima de la Convención, las y los convencionales y quienes los votaron. A la larga, creemos, este proceso está, en términos históricos, sepultando la alternativa estratégica para la clase trabajadora y los pueblos relacionada con un mecanismo institucional de Asamblea Constituyente, cuestión que sí estuvo presente durante la Revuelta Popular de 2019.    

La etapa post-04/09

Sintetizando, pensamos que del 05/09 en adelante, lo que viene es una fase de esfuerzos por parte de los sectores en el poder político por implementar los ajustes institucionales de los que hemos hablado, fundamentalmente desde el parlamento, en un contexto de debacle económica y social que perdura y se profundiza hacia los años venideros, ligado a circunstancias fundamentalmente regionales y mundiales. Es decir, del plebiscito de salida en adelante continúa (o podría decirse que “recién comienza”) un momento donde todos los sectores políticos en el poder burgués se vuelcan a la búsqueda de concretar ajustes político-institucionales considerados como transversalmente necesarios para robustecer la democracia burguesa representativa, modernizarla y actualizarla. En rigor y en resumen, concebimos el conjunto de la estrategia constituyente como un proceso de modernización del Estado burgués, apurado por las movilizaciones populares de las dos décadas anteriores y obligado en lo inmediato por la Revuelta Popular de 2019.

Resulta relevante subrayar, asimismo, que los partidos políticos del sistema de dominación, sobre la base de todo este proceso estratégico, han ido recuperando, lenta e irregularmente, su capacidad de conducción política y su lugar de preponderancia en el ejercicio monopólico de la deliberación política y la toma de decisiones, facultad que había sido cuestionada y torcida durante y a partir de la Revuelta Popular. Quiere decir que, desde nuestro punto de vista, la cualidad más promisoria y profunda a nivel de un proceso histórico transformador, como fue el hecho de disputar y arrebatar a las clases dominantes el ejercicio monopólico de la deliberación política con debate en las bases populares y fenómenos incipientes de autoorganización de clase, autónoma y territorial, como asimismo respecto del ejercicio monopólico de la violencia política con la generalización de la movilización radical de masas, se ha ido perdiendo para la clase trabajadora y los sectores populares y ha ido “regresando” al dominio de la clase burguesa y, concretamente, a las instituciones fundamentales del régimen político burgués, los partidos políticos del sistema, el parlamento, etc.

Eso en el análisis político más amplio y general. Ahora bien, en lo particular, podemos advertir determinadas diferencias entre los escenarios que se abren ganando la opción Apruebo o Rechazo el 04/09. A grandes rasgos, ganando la opción Apruebo, el nuevo pacto social de dominación burguesa quedará mayormente sellado y resuelto, aunque en ningún caso de forma muy contundente o acabada, pues sigue un período de años para la implementación de leyes transitorias. Mientras que si gana el Rechazo, la situación de crisis e inestabilidad social y política tenderá a la prolongación durante más tiempo. Lo anterior como tendencias generales, dado que, obviamente, no es lo mismo si el Rechazo se impone por 15 puntos, o por 10 o por 2, o si el Apruebo se impone por poco o por mucho. De cualquier manera, es relativamente seguro que del 05/09 en adelante tendremos: a) Un estado de relativa permanencia de la inestabilidad social y política, en medio de un escenario de crisis económica, o lo que podríamos entender como una situación prolongada de crisis de hegemonía; b) Y, debido lo mismo, esfuerzos por parte de los grupos políticos en el poder burgués por reconfigurar un marco político-institucional de dominación, en el sentido antes desarrollado.

A su vez, debemos poner atención a lo que suceda en estas coyunturas con el estado de la movilización y la organización popular, así como con la situación anímica de los sectores populares y movilizados. Si bien, podríamos pensar que la condición anímica tendría, en inicio, una especie de “empuje” ganando el Apruebo, sobre todo si es por un resultado abultado, y que si obtiene la mayoría el Rechazo, al contrario, habría algo así como un efecto de “rebote” de la animosidad popular y movilizada, lo central es identificar que la condición subjetiva de la movilización popular, en general, viene deprimida y podemos advertir que lo seguirá estando, gane cualquiera de las dos opciones, predominando a nivel social la desmovilización, la decepción, la frustración, el descreimiento acerca de toda iniciativa o propuesta política transformadora y la apatía, todo esto en estrecha ligazón con el camino institucional iniciado en noviembre 2019 y la verificación por parte de la clase trabajadora y los sectores populares, más temprano que tarde, de que concretamente nada cambia, que las condiciones reales y materiales de vida de los pueblos no mejora por esta vía, ni en lo inmediato ni hacia adelante. En este sentido, el análisis político parece indicar que lo que viene como contexto posterior al 04/09 es una suerte de “retorno” a las movilizaciones sectoriales, nuevamente lo sectorial característico de los ciclos de movilización popular de los 2000’ en adelante hasta octubre de 2019, quiere decir, las luchas estudiantiles por un lado, las socioambientales por otro, las de mujeres, disidencias y feministas por otro, las de vivienda, las sindicales, las de pensiones, etc., como permanencia de la fragmentación social, volviendo atrás en relación con los (relativamente efímeros) avances producidos desde el 18-19 de octubre en el sentido de constituirse, incipiente y parcialmente, un movimiento popular unitario. Valga agregar, nada más para dejarlo planteado, que el retroceso indicado se enmarca al interior de una dimensión táctica, más bien momentánea, reversible, y no así como un retroceso estratégico, el cual significaría en términos históricos una desintegración completa y duradera de la clase trabajadora y la movilización popular.

Nuestra postura: autonomía, autogestión y acción directa

Respecto a la contingencia electoral, como Liberación sostenemos políticamente una posición de antagonismo con la estrategia constituyente como proceso en su totalidad, y una posición crítica en relación a la cuestión estratégica de la Asamblea Constituyente. Nos planteamos en oposición a cualquier afán de institucionalización del conflicto, pues esto solo ha servido para intentar re-estabilizar la dominación burguesa.

A su vez, perspectivamos una alternativa política concreta en el desarrollo de la organización y la articulación popular, de carácter autónomo y autogestionario, arraigado territorialmente y basado en la acción directa en su sentido más amplio, con sentido de ruptura con el poder burgués y lineamientos programáticos y estratégicos revolucionarios – anticapitalistas, anticoloniales, y antipatriarcales.

Para finalizar el análisis, debemos señalar que el oficialismo y el apruebismo oficialista ha demostrado estar dispuesto a llegar más lejos en las políticas represivas, conservadoras y de restablecimiento del orden burgués que el anterior gobierno de Piñera. Como Liberación entregamos un fuerte y convencido apoyo a Héctor Llaitul, preso político de las expresiones autonómicas, radicales y revolucionarias del Movimiento Mapuche por parte del gobierno de Boric, así como al grupo de Las Indetectables, perseguidas políticas por el poder burgués encabezado por Boric y por amplios sectores conservadores y reaccionarios integrados en el Apruebo, a quienes reconocemos, por sobre todo, como compañeras de lucha y de clase.

Liberación, Agosto de 2022,

Territorio ocupado por el Estado de Chile 

¡Libertad inmediata a Héctor Llaitul!

¡Solidaridad política y de clase con Las Indetectables!

Frente a todos los rostros del poder burgués,

¡A fortalecer y multiplicar el Movimiento Popular Autónomo!

 

 

 

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