Joshua Clover y Jasper Bernes
Traducción a cargo de Pietruszka / Reyerta & Revolución
El año 2014 la revista comunista Viewpoint pidió a varios colaboradores que escribieran sobre el tema del Estado y la estrategia revolucionaria, para discutir en una mesa redonda que giraba en torno a la siguiente provocación:
«A finales del siglo XIX y principios del XX, el movimiento socialista derramó mucha tinta debatiendo la cuestión del poder estatal. La obra de Lenin fue quizás la más influyente, pero también provocó una amplia gama de respuestas críticas, quizás igual de significativas. Pero independientemente de si la concepción de Lenin sobre la correcta postura revolucionaria hacia el Estado haya sido o no adecuada para su coyuntura histórica particular, está claro que hoy la realidad misma del poder estatal ha cambiado. ¿Qué está vivo y qué está muerto en este legado teórico y político? ¿Cómo sería hoy una postura propiamente revolucionaria hacia el poder estatal y cuáles serían las consecuencias concretas de esta postura para una estrategia política? ¿Tiene todavía algún significado la “captura del poder estatal”? ¿Tiene todavía el partido un lugar en estas preguntas más amplias?»
Como preámbulo, vale la pena afirmar que, si bien a menudo nos encontramos con la sugerencia de que cuestiones supuestamente prácticas como la del poder estatal son miradas en menos frente a reflexiones atractivas pero vagas sobre la revolución y el comunismo pleno, etc., en realidad los movimientos sociales contemporáneos están demasiado concentrados en el Estado. Sería realmente curioso sugerir que los diversos movimientos sociales y levantamientos de los últimos años, que desbordaron las plazas de Egipto, Grecia, Estados Unidos, Turquía y más allá, de algún modo no se orientaron lo suficiente hacia el Estado y sus funciones, ya sean legislativas, represivas o burocráticas. De hecho, a menudo estos movimientos se centraron completamente en el poder estatal –en la tiranía de los líderes, en la represión de la policía, en las malas decisiones de los parlamentos y la legislación. Si sobre algo fueron irreflexivos, fue sobre el capital; la organización de nuestras vidas mediante el trabajo y el dinero siguió siendo un objetivo mucho más esquivo para estos movimientos que el palacio presidencial o el Ministerio del Interior. Esto fue verdad desde el nivel de las conversaciones cotidianas más comunes hasta el de las acciones directas más militantes: una y otra vez el Estado proporcionó el punto focal de estas luchas y el límite de sus imaginarios. Por lo tanto, no es de ninguna manera evidente que pensar más en el Estado, incluso si uno promete hacerlo de manera diferente, sea un remedio sensato para el problema de los movimientos sociales que se azotan repetidamente contra las columnas de la Asamblea Nacional. Si vamos a enfrentar problemas prácticos en la lucha por rehacer el mundo, nos gustaría observar la situación de manera adecuada. Para nosotros, el problema no es cómo capturar el poder estatal sino cómo no ser capturados por él –cómo podríamos evitar ser arrastrados por la cuestión del poder en lugar de la cuestión de la reproducción social y, a su vez, evitar que nos obliguen a luchar en terreno desfavorable.
La unidad de lo político-económico
Sin duda, uno debe tener una concepción seria del Estado para evitar ser capturado por él. De hecho, admitamos que las cuestiones de Estado son de tal importancia para el comunismo que nos exigen volver a los primeros principios. Da la casualidad de que es precisamente la naturaleza de los primeros principios lo que distingue un enfoque marxista de los demás: necesariamente se basan no en formalizaciones, teorías o ejemplos extraídos del pasado. No se encuentran en la política. Sin embargo, tampoco se encuentran en la economía, en el sentido de una descripción burguesa de las operaciones del mercado. Como el marxismo no es una política ni un programa sino un modo de análisis, el retorno a los primeros principios insiste en desplegar las posibilidades inherentes a una situación histórica dada. Dentro de tal análisis, lo político y lo económico no pueden separarse en estratos independientes, ya que es precisamente su unidad impuesta –la dominación de la economía política– lo que proporciona el carácter de la historia bajo el capitalismo y es, por lo tanto, el objeto de la crítica. El Estado no debería ser considerado un mero epifenómeno del interés económico; y tampoco puede ser tratado como una instrumentalidad política.
El Estado es precondición para una economía capitalista, produciendo las condiciones legales para la difusión de los derechos de propiedad (y volviendo impersonal la violencia de la propiedad, al hacer de la violencia directa del Estado algo externo a los derechos de propiedad), involucrándose en proyectos infraestructurales necesarios para la acumulación, y estableciendo las condiciones monetarias y diplomáticas para el intercambio tanto a nivel nacional como internacional –de manera más significativa, quizás, en la producción de economías monetarias a través de impuestos y acciones militares. Del mismo modo, una economía capitalista es precondición para un Estado moderno (que sólo puede financiar sus masivas operaciones burocráticas y militares a través de los ingresos generados por los procesos de acumulación capitalista). Aquí nos basamos en gran medida en el debate sobre la «derivación del Estado” y su recepción por los escritores asociados con el Marxismo Abierto, cuyos considerables matices y complejidades no podemos detallar aquí. In nuce, en lugar de tratar al Estado como un instrumento de dominio de clase, o una «región» semiautónoma, los escritores involucrados en el debate examinan cómo las funciones y estructuras del Estado capitalista presuponen el modo de producción capitalista subyacente, que a su vez presupone la existencia de un Estado. El reconocimiento de esta presuposición mutua –es decir, la «determinación formal» del Estado capitalista por el capital– es lo que llevó a Karl Marx a concluir, tras la Comuna de París, que «la clase trabajadora no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la maquinaria estatal tal y como está y servirse de ella para sus propios fines».
Esta unidad crítica de lo político y lo económico no existe en la mente, en teoría, antes de existir materialmente; tampoco puede dividirse mediante ningún acto mental sin afirmar lo político y lo económico como las reificaciones burguesas que tan a menudo aparentan ser, como nombres de departamentos académicos, por ejemplo, o secciones de la librería. Cuando decimos que el comunismo es el movimiento real que anula y supera el estado actual de las cosas, la necesaria condición de posibilidad de una afirmación tan escandalosa es que «el movimiento real» (die wirkliche Bewegung) reúne las formas visibles de actividad política con las más profundas dinámicas del capital, la expresión incesante de la ley del valor, las reestructuraciones en curso del vínculo salario-mercancía, las recomposiciones de la pertenencia de clase y de las divisiones técnicas y sociales del trabajo, etc.
Paradójicamente, es este modo de análisis el que ofrece una perspectiva práctica de las estrategias y las tácticas –precisamente porque las cuestiones del Estado sólo tienen relevancia en la medida en que se plantean en relación con las condiciones actuales. Es esta la coyuntura en que la gente «hace su propia historia», pero sólo «bajo circunstancias ya existentes, dadas y transmitidas desde el pasado». Recelosos de idealismos velados, no podemos comenzar desde una teoría política del Estado sin este cuidadoso trato para con las circunstancias ya existentes para nosotros. Si vamos a examinar los extraordinarios acontecimientos de Francia en 1871, de Rusia a principios del siglo XX (o, en ese caso, de China en 1949, de México en 1914, o de cualquier otro falso amanecer en la larga noche del capital), no es para aprender de estos momentos como podría ser un estado ideal. Se trata más bien de entender desde la perspectiva actual qué era posible dentro de sus condiciones dadas, qué no lo era, y cómo aquello podría informar la pregunta de ¿qué es posible en nuestras propias condiciones dadas? Ya que ese es el único lugar por donde comenzar: con una evaluación cuidadosa de la situación actual.
El método en el presente
El debate sobre si las arraigadas ideas marxistas sobre el Estado, por ejemplo, o su complemento conceptual, el partido, son actualmente un modelo plausible de lucha comunista será ya una conversación familiar para algunos. Para retomar un argumento reciente que hemos compartido con respecto al partido, y que podría aplicarse también al Estado: «La experiencia colectiva de trabajo y vida que dio origen al partido de vanguardia durante la era de la industrialización ha desaparecido junto con la industrialización misma. Como materialistas reconocemos que la relación capital-trabajo que hizo efectivo a tal partido –no sólo como idea sino como realidad– ya no es operativa. Una relación capital-trabajo diferente dará lugar a nuevas formas de organización. No deberíamos criticar las luchas actuales en el nombre de reconstrucciones idealizadas del pasado. Más bien, deberíamos describir el potencial comunista que se presenta a sí mismo de manera inmanente en los límites que las luchas actuales enfrentan». Las ideas sobre el Estado también deben ser adecuadas a su época.
Nada de esto pretende excluir una discusión sobre el Estado o el partido, sino asegurarnos de que no caigamos en formalismos kitsch y, en cambio, partamos de una base sólida. También allí debemos terminar. Es decir, nuestra intención es especificar el contenido de las luchas particulares, su orientación o disposición. Como sabemos, un disturbio o una huelga pueden ser tanto anticapitalistas como antiinmigrantes, del mismo modo que se puede convocar una asamblea vecinal con el fin de instituir medidas comunistas o para proteger la propiedad de comerciantes pequeñoburgueses. Sólo podemos evaluar formas como el Estado o el partido a la luz de contenidos particulares, y esos contenidos siempre son dados por la historia. Sin embargo, debido a que el capitalismo obtiene una cierta consistencia histórica dinámica, basada en elementos axiomáticos –valor y salario, trabajo abstracto, dominación impersonal del Estado–, el comunismo como contenido de las luchas proletarias obtiene una consistencia similar, definida como la negación de todos estos elementos y su sustitución por una sociedad sin clases. En otras palabras, este contenido no debe ser considerado invariante (para utilizar el término que le dan algunos ultraizquierdistas) excepto en la medida en que el capitalismo y la condición del proletariado son en sí mismos invariantes, investidos en la separación formal y aparente entre el Estado y la economía, que oculta su forzada unidad subyacente.
El contenido del comunismo no puede ser asociado con una forma particular, ya sea partido, consejo o Estado. Se encuentra en la destrucción de dicha unidad-en-la-separación: la ruptura de la relación indexada entre el trabajo de cada uno y su acceso a la reserva social, y la simultánea abolición tanto del Estado como de la economía. En esto descubrimos la emancipación de los proletarios de la dominación capitalista, la generación de una sociedad sin clases y por lo tanto comunista, y la destrucción de todas las envenenadas herencias del capitalismo: salario, dinero, valor, trabajo forzado y, sí, el Estado.
Lo que sigue siendo contingente e históricamente determinado es cómo sucede esto. Cada época da lugar a su propio horizonte comunista, que se despliega desde el interior de las condiciones materiales disponibles. El horizonte solo aparenta no moverse; es una contingencia histórica que con demasiada frecuencia los marxistas y otros comunistas confunden con la invarianza.
Las dos capturas
Nada de esto quiere decir que podemos descuidar la cuestión de las formas o de su efectividad. Si queremos saber si la discusión sobre la «captura del poder estatal» tiene relevancia hoy en día, todavía debemos comprender la historia del Estado como forma social particular, así como el tipo de cosas que socialistas y comunistas han tratado de hacer con él. Para hablar en los términos más amplios posibles, podríamos decir que, entre quienes imaginan el Estado como un medio para un fin socialista o comunista –quienes piensan en el Estado como un objeto a capturar– hay dos corrientes de pensamiento. Una es progresista, gradualista, reformista. La otra es estrictamente insurreccional. La primera imagina la captura del Estado capitalista mediante la conformación de mayorías electorales proletarias (y las luchas por la democracia y el sufragio que esto presupone) y desde allí una transición al socialismo, que tal vez implique una confrontación armada, pero que se desarrollaría principalmente dentro del marco del Estado burgués. En este proyecto no hay una expropiación inmediata o completa de los productores capitalistas, sino más bien la introducción gradual de un conjunto de reformas –abolición de la herencia, nacionalización de la banca, impuestos progresivos– que apuntan a exprimir lentamente el capital, tal vez mediante la expansión de un sector estatal. Podemos asociar esta concepción particularmente programática con la práctica de la Segunda Internacional, si bien no con su teoría. La otra corriente desciende de la Tercera Internacional, basada en una lectura de las líneas insurreccionales de la teoría de Marx y Engels, particularmente La Guerra Civil en Francia. Está ejemplificada y quizás sistematizada, principalmente, por El Estado y la Revolución, de Lenin. Aquí, el Estado es una herramienta de la clase insurreccional, que debe ser purgada de sus aspectos más repugnantes –el ejército, en primer lugar– y utilizada tanto para la administración de la sociedad según líneas comunistas como para el combate defensivo contra los enemigos organizados de la revolución.
En la práctica, a menudo ambas corrientes van juntas. Se puede rastrear a cada una de ellas hasta el mismo manantial mediante una lectura selectiva del Manifiesto Comunista. Los propios Marx y Engels no parecían ver ninguna contradicción entre instar, por un lado, a la necesidad de aplastar la maquinaria represiva del Estado en una superación revolucionaria, y alentar, por el otro, la participación de los partidos obreros en los procesos parlamentarios para lograr reformas vitales. Sin embargo, las corrientes se separan rápidamente y la mayoría de sus seguidores han enfatizado una u la otra; no es difícil interpretar el flujo y reflujo entre las dos corrientes como un índice móvil de la esperanza revolucionaria.
La confluencia de las corrientes no se produce sólo en su origen. Regresa río abajo, por así decirlo, en los cursos que ambas se ven obligadas a tomar en su flujo – hasta que las dos corrientes se cruzan, no en una simple confluencia sino que en un quiasmo, espejadas. El Estado capturado de modo reformista, si no quiere volver a caer en el capitalismo, se ve obligado a avanzar hacia la expropiación revolucionaria; la captura insurreccional del Estado se verá atraída hacia acuerdos reformistas.
La captura reformista
Consideremos entonces este destino cruzado con cierto detalle, empezando por la concepción reformista, algo más fácil de despachar. Consideremos lo que significa decir que el Estado moderno presupone la existencia de una economía capitalista. Al nivel más básico, esto es un simple reconocimiento de que un Estado capitalista moderno requiere ingresos continuos en volúmenes que sólo una economía en expansión puede generar: para pagar a sus trabajadores, construir infraestructuras, abastecer ejércitos y policías, actuar como prestamista de primer y último recurso, y mantener un entorno monetario propicio para los intercambios nacionales e internacionales. La presuposición es mutua, ya que estas actividades necesarias no pueden ser realizadas por capitalistas individuales sin erosionar sus prerrogativas competitivas. Por lo tanto, el Estado es a la vez un requisito de las condiciones de rentabilidad, y dependiente de estas.
Es más, si se emprenden programas de redistribución y de provisión de un salario social –salud pública, educación, controles salariales– manteniendo al mismo tiempo la producción capitalista, como cabría esperar incluso de la más débil de las socialdemocracias, dicho Estado necesitará aumentar sus ingresos. Si quiere generar suficientes ingresos tributarios para pagar por todos sus programas, se verá obligado a dirigir la economía hacia tasas máximas de generación de plusvalía para satisfacer las condiciones de rentabilidad que los capitalistas exigen si se planea seguir reinvirtiendo sus ingresos. En particular, cualquier intento de redistribuir lo producido desde el capital hacia los trabajadores –a través de los mecanismos del Estado– amenazará el circuito de valorización y realización, excepto en condiciones muy excepcionales de altas tasas de ganancia. Un Estado así estará funcionalmente subordinado al capital mundial, al mercado mundial y a las condiciones imperantes de rentabilidad y competencia. Probablemente ninguno de los expedientes obvios ayudará mucho en esta situación –nacionalización parcial de industrias «vitales», por ejemplo, controles de capital, impuestos progresivos.
Aquí nos encontramos con el aspecto histórico de tal proceso. Las funciones que se presuponen mutuamente en el capitalismo –trabajo abstracto, dinero, capital, trabajo asalariado, el Estado– son reproducidas continuamente de una manera dinámica e históricamente variable. Tienen una direccionalidad que se corresponde con los aspectos tendenciales del proceso de acumulación: la subsunción real del trabajo, la creciente composición orgánica del capital, la caída de la tasa de ganancia, la expulsión del trabajo vivo del proceso de producción. En esta sección, como siempre, no describimos «el Estado», pues aquello no tiene sentido. Estamos describiendo una ruta de desarrollo excepcional. El camino que acabamos de esbozar es el mejor de los casos, por así decirlo, disponible sólo para los estados que controlan economías en rápida industrialización y modernización capaces de generar tasas de crecimiento que permitan a los estados cumplir con todas sus obligaciones socialistas sin poner en peligro la reproducción. De hecho, en algunas circunstancias las economías industrializadas son capaces beneficiarse del tipo de medidas supuestamente socialistas que los programas reformistas querrían implementar: ya sea salarios sociales o controles salariales directos, los cuales pueden aumentar la rentabilidad. Pero pocos Estados se encuentran hoy en esa situación, y aquellos que lo están se encontrarán rápidamente en el mismo estancamiento postindustrial por el que actualmente deambulan Estados Unidos, Europa y Asia Oriental. Esto habla de forma bastante clara de las perspectivas tanto para los partidos de izquierda al estilo Syriza como para el llamado socialismo latinoamericano. Tales proyectos –y aquí llegamos a la difícil situación de un análisis serio– serán reincorporados y domesticados por el sistema capitalista mundial, o tendrán que pasar a una fase explícitamente revolucionaria y expropiadora.
La captura revolucionaria
Nos quedamos, entonces, con la posición «ortodoxa» sobre la captura del poder estatal. El Estado es comprendido como un arma empuñada por una revolución proletaria expropiadora, un arma necesaria, según el influyente tratamiento de Lenin, para aplastar la fuerza armada de la contrarrevolución y cumplir con los deberes administrativos de una naciente economía no capitalista.
El libro de Lenin es una explicación de las conclusiones que Marx sacó de la experiencia de la Comuna, basándose en el pasaje citado anteriormente: «la clase trabajadora no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la maquinaria estatal tal y como está y servirse de ella para sus propios fines». Lenin evoca una concepción relativamente cruda del Estado. Es un monstruo de dos cabezas: una burocrática y otra militar. Esta última la considera inadecuada para los objetivos de la revolución proletaria; cualquier derrocamiento exitoso del poder estatal requeriría destrozar a la policía y al ejército y reemplazarlos con el «pueblo armado» o los «trabajadores armados». Muchos de los acontecimientos revolucionarios más importantes se han producido en momentos en que los poderes militares del Estado se encontraban exhaustos o incluso derrotados debido a conflictos interestatales. Esto confirma la importancia de desmantelar los poderes represivos del Estado; si alguna vez hubo dudas, la experiencia reciente de la revolución egipcia nos recuerda el carácter intransigentemente contrarrevolucionario del ejército.
Según Lenin, una vez aplastada la fracción represiva del Estado y abolida la legislatura, el resto administrativo puede convertirse en una herramienta eficaz para aquellos que quieran producir relaciones comunistas o socialistas. Los cargos públicos necesarios pueden transferirse rápidamente a los proletarios y, mediante la rutinización, simplificarse lo suficiente como para que no se requieran habilidades especiales para su desempeño. Pero este estado depurado no es simplemente una «administración de las cosas»; no consiste simplemente de las oficinas de correos cuya eficiencia exalta. Es también, para Lenin, un «gobierno sobre las personas», un medio por el cual los proletarios se gobiernan a sí mismos mediante la fuerza, como sólo puede ser el caso si asumimos, como nos dice Lenin, que «la naturaleza humana… no puede prescindir de la subordinación, el control, y los “gerentes”». Lo que importa, para Lenin, es quién gobierna: «si hay subordinación, debe ser ante la vanguardia armada de todos los explotados y trabajadores: ante el proletariado».
El gobierno sobre las personas es, sin embargo, costoso y no puede ser autogestionado, distribuido por la totalidad del cuerpo social. Requiere centralización, y la centralización requiere que una cantidad no pequeña del excedente social se dirija hacia funciones estatales. Dado que estos grandes Estados burocráticos necesitarán enormes volúmenes de ingresos para funcionar, en la medida en que se mantengan las relaciones monetarias, se verán obligados a desarrollar las fuerzas productivas de la economía, a impulsar el proceso de acumulación, con todas las funestas consecuencias que esto conlleva para los presuntos beneficiarios de tal revolución. Incluso cuando algunos de los principales elementos asociados con el capitalismo están suspendidos, como fue el caso de la URSS, las revoluciones encontrarán que las funciones estatales heredadas de los estados capitalistas no sirven para mucho más que supervisar el transcurso del desarrollo económico (delimitado nacionalmente), y que lo que uno obtiene con este tipo de experimentos en la «transición socialista» es una mímesis de la acumulación capitalista, utilizando varios índices burocráticos y administrativos en lugar de las mediaciones que operan en el capitalismo. Este es, por supuesto, el mejor de los casos, suponiendo que haya una economía a desarrollar, certeza que parece cada vez menos cierta en el mundo que nos ocupa. En resumen, los estados sirven para una cosa: administrar economías capitalistas. Aquellas revoluciones que mantendrían el dinero, los salarios, los mercados y otros aspectos del capitalismo, para abordar primero la cuestión del poder político, ganar la guerra, desarrollar las fuerzas productivas, o cualquiera de las diversas razones usualmente dadas, sin duda encontrarán en el Estado una herramienta útil. Pero esta es una herramienta que utilizará a estas revoluciones con mucha más crueldad que las revoluciones a ella. Por lo tanto, estos procesos revolucionarios, tarde o temprano, regresarán a una trayectoria histórica no muy diferente del camino reformista y gradualista.
Perspectivas del siglo XXI
Podemos estar de acuerdo, como parece universalmente reconocido, en que cualquier revolución auténticamente expropiadora necesitará armarse y defenderse contra los ataques. Sin embargo, el «pueblo armado» es algo más que un Estado. De hecho, es por definición lo opuesto al Estado, ya que distribuye y concentra el poder en manos de los propios insurgentes en lugar de alguna delegación. Cuanto más parecidos se vuelvan estos grupos armados a un Estado –es decir, cuanto más funcionen a través de estructuras de disciplina, comando y jerarquía–, más llevarán en sí mismos el germen de la contrarrevolución. Cuando el poder defensivo del «pueblo armado» es conferido a una fracción particular y dedicada, dirigida por líderes militares, es fácil de cooptar, neutralizar o volver contra el propio pueblo. Cualesquiera sean los beneficios que las estructuras militares tradicionales de mando y control puedan conferir a quienes quieren ganar tal o cual batalla, quedan eclipsados por el hecho de que dichas estructuras, por definición, pierden la guerra. Aquí también la dimensión histórica es primordial. No estamos tratando con ejércitos del siglo XIX. Los poderes hipertecnológicos de matanza y contrainsurgencia a disposición de los estados contemporáneos ponen fin a cualquier idea de ganar una confrontación frontal, de una victoria puramente «militar». Incluso la vieja teoría de la guerra de guerrillas, que ha tenido escaso éxito más allá de las zonas rurales periféricas, ahora parece ridícula frente al nuevo aparato algorítmico de seguridad y militar que hace inventario de cada gorrión caído y cada grano de arena.
Sólo un proceso de desmoralización y desestabilización de las fuerzas armadas con deserciones masivas y un socavamiento de los propios fundamentos sociales y económicos del ejército podría tener alguna esperanza de éxito. Esto sólo puede tener lugar en condiciones en que la revolución no sea simplemente una cuestión de poder, de captura del poder, sino algo que permita a la gente satisfacer directa e inmediatamente sus propias necesidades –de comida, vivienda y cosas útiles; de cuidados de todo tipo; de educación; de esperanza en el futuro y de una participación significativa en las cosas que les conciernen. Por esta razón, los intentos por conducir a la mayoría del pueblo por la fuerza hacia un futuro que no saben que les conviene –una de las definiciones de «dictadura del proletariado»– siempre fracasarán. Si hay un papel a desempeñar por una fracción proletaria dedicada e intervencionista dentro de la revolución, es el de crear las condiciones iniciales bajo las cuales se puedan emprender relaciones comunistas y las subsiguientes medidas comunistas. Esto podría implicar una medida comunista inaugural –por ejemplo, expropiar y distribuir cosas necesarias y útiles sobre la base del libre acceso, u organizar y generar colectiva y voluntariamente otras cosas útiles. Pero esto es algo muy diferente a decirle a la gente qué hacer, ordenando y organizando la actividad de la amplia masa de personas desposeídas; tal fracción de la clase es un factor catalizador que produce relaciones comunistas en las que no desempeña ningún papel aparte de su contribución inicial. Como hemos argumentado nosotros y muchos de nuestros contemporáneos, el establecimiento inmediato de estas nuevas condiciones sociales, en la mayor medida posible, es en el presente no sólo el curso probable que podría seguir un desarrollo revolucionario, directa o indirectamente, sino que, dadas las condiciones materiales objetivas, su única esperanza de éxito final.
La pregunta entonces se transforma: si nuestra tarea implica la transformación inmediata de las relaciones sociales, la abolición del dinero, los salarios y el trabajo forzado, ¿qué tan útiles serían las oficinas, los recursos y las tecnologías de la parte administrativa, en lugar de la represiva, del Estado?
No mucho.
Como se explicó anteriormente, la burocracia estatal proporciona funciones que son necesarias o al menos útiles para la reproducción del capitalismo de muchas y diversas maneras. Los Estados se preocupan por preservar las condiciones legales de propiedad e intercambio, mantener un entorno monetario adecuado y proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo del capital (y no el desarrollo de los seres humanos). Ayudan a garantizar que la fuerza de trabajo llegue al lugar de producción en el embalaje adecuado, lo que requiere ciertas condiciones de higiene y educación.
Es más, si bien estos componentes funcionales del Estado podrían haber disfrutado alguna vez de cierta autonomía de la lógica capitalista y de los imperativos del mercado, durante el último siglo han sido cada vez más disciplinados a las necesidades del capital, depurados de todos los aspectos que eluden la lógica calculadora de la rentabilidad final. Es bastante fantasioso imaginar que los Ministerios de Vivienda y Desarrollo Urbano, de Educación o de Salud y Bienestar –con sus homólogos a nivel municipal y estatal– puedan ser reconfigurados para satisfacer los tipos de necesidades de vivienda, aprendizaje y atención médica que la gente probablemente tendrá en una situación revolucionaria, sin depender de las mediaciones del dinero, el salario, etcétera.
Desde el principio estos departamentos se constituyen por su separación de todo tipo de funciones relacionadas con la educación, la vivienda y la salud, asumidas directamente por las empresas capitalistas; por diseño, son constitutivamente incapaces de administrar la totalidad de las funciones que la gente necesitaría, incluso en el caso de que dichas funciones y capacidades ya existan y no necesiten simplemente ser generadas desde cero, que es el escenario más probable. Los recursos de la Oficina de Correos que Lenin trató como ejemplo primordial del aspecto virtuoso del Estado pueden, de hecho, ser útiles para una revolución, pero no más útiles que las tecnologías para mover objetos y distribuir mensajes que existen en el sector privado. En cualquier caso, las revoluciones sin duda necesitarán inventar métodos de coordinación y administración completamente nuevos y más adecuados a las tareas en cuestión. Estas funciones serán más efectivas cuando sean directamente controladas por quienes participan en ellas, ya sea como proveedores, receptores o ambos; en este sentido, no habrá división entre el Estado, como esfera de poderes separados que se mantiene aparte de la sociedad y la controla, ni tampoco división entre el «Estado» y la «economía». Ni siquiera habrá economía, ya que esta también presupone dicha separación.
Los lectores reconocerán en este giro final la reaparición de nuestro tema inicial, después de haber atravesado su desarrollo dialéctico. En las condiciones prevalecientes, que unen desde la raíz lo político a lo económico, al mismo tiempo que presentan superficialmente a cada uno como objetos autónomos, uno simplemente se equivoca al imaginar que existe algo llamado «Estado» que puede concebirse independientemente de las presuposiciones del capital. La tarea que tenemos ante nosotros consiste en romper con la dominación de la economía política como tal –esta es la definición mínima de la emancipación del capital, que engendra esa unidad incluso cuando impone su separación espectral. Y esto no puede hacerse de otra manera que rompiendo la unidad subyacente en la realidad. La ruptura de este vínculo es anversa a la ruptura de la relación indexada entre trabajo y acceso a los bienes sociales, ya que es precisamente esta indexación la que hace del trabajo la medida del valor y del salario su instrumento de control, permitiendo así que la ley del valor y sus compulsiones se mantengan por encima de la existencia social.
Podemos decir nuevamente, por lo tanto, que esta ruptura de la relación indexada es el objetivo que nos propone el capital, que universaliza esta relación en primer lugar; es en este sentido histórico que deviene el proyecto de la lucha por una sociedad libre y sin clases. Y con este corte, el «Estado» y la «economía» no se perfeccionarán en su existencia independiente ni se unirán más eficazmente, sino que dejarán de existir; si poseen en la realidad la autonomía que parecen tener en la idealidad burguesa, carecerán de las presuposiciones mutuas que hasta ahora los han preservado. Simplemente habrá gente satisfaciendo sus propias necesidades y desarrollando las instalaciones y recursos que les permitan hacerlo.
